LA INCONSISTENCIA DE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO POR TEMA RUFO

Por Gabriel Rubinstein

El Gobierno insiste en solicitar un Stay, y que Griesa lo otorgue. Sea por atender la solicitud de Argentina, sea por que NML y Cía se lo pidan.

Es decir, si mañana Griesa otorgara el Stay, sería visto como un “gran triunfo” de la Argentina.

Implicaría esto “riesgo cero” respecto al tema RUFO?

No. Porque cualquier arreglo que se lograse con NML desde enero (y que resulta más que obvio no podrá limitarse a lo ofrecido en canje 2010), generará acciones judiciales por la diferencia lograda por NML.

Pero no es acaso que el 31 de diciembre vence la RUFO? Sí, pero haga lo que haga Argentina, algún querellante intentará demostrar que el nuevo arreglo, es el fruto de negociaciones iniciadas en estos meses. Y no le faltará material para exhibir ante un juez de las intensas gestiones que se habrían hecho para “eludir la cláusula RUFO y burlar los derechos de los bonistas que entraron al canje”.

Los abogados consultados opinan que tales juicios no prosperarían. Pero son los mismos abogados que dicen que si Argentina hubiera hecho las cosas “bien” ahora, tampoco prosperarían.

Por ejemplo, dentro de las 2 o 3 alternativas que se barajan, cito una que pareciera sencilla y muy viable:

1.  Que Argentina se comprometa a cumplir el fallo judicial
2. Que en función de ello NML pida el Stay
3.  Que Griesa ordene un depósito judicial en garantía (sea o no por el total de lo adeudado)

Si obrase así: no habría default (se seguirían pagando normalmente los bonos reestructurados), y no regiría cláusula RUFO (sería evidente que Argentina sólo acató fallos y órdenes judiciales).

Seguramente habría acciones por cláusula RUFO. Pero la probabilidad de que prosperen sería tremendamente baja. Tan baja, como la que habría si hoy mismo Griesa definiera unilateralmente Stay (o lo hiciera por pedido de NML).

Quedaría evidente por lo argumentado, que el Gobierno estaría “sobrevendiendo” el riesgo RUFO.

Y dicho sea de paso, “subestimando” los costos y riesgos de un default, que bien podrían llevar a unos u$s 30,000 millones de nuevos holdouts, sin ningún beneficio a cambio.